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¿Qué pasa con la vida digital después de morir?

¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con todo ese contenido online que generamos una vez que hemos muerto? Si es así, te interesa seguir leyendo este artículo que explica con detalle que hacen las diferentes empresas con toda esa información que manean y distribuyen.
Facebook después de la muerte

Fuente: DANIEL GLEZ. http://www.20minutos.es/

Cuando alguien fallece, todas sus fotos y publicaciones de Facebook, archivos de Dropbox, cuentas de Google, correos electrónicos de Outlook… no desaparecen, pero  en muchos casos quedan inaccesibles. Conscientes de esto, las grandes multinacionales de Internet han empezado a prestar atención a la muerte de sus usuarios, viendo negocio en un ámbito novedoso y adelantándose a posibles problemas jurídicos, poco a poco van añadiendo a sus servicios opciones específicas relacionadas con las defunciones.

De este modo, en 2013, Google se avanzó a la competencia y creó un testamento digital específico para sus servicios. El cual se trata de una herramienta que permite a los usuarios decidir qué hacer con sus datos digitales una vez que sus cuentas vayan a quedar inactivas, ya sea por fallecimiento, incapacidad, o por cualquier otro motivo. Llegados a éste punto, hay dos opciones, eliminar el contenido o nombrar a un beneficiario en un testamento.

El llamado administrador de cuentas inactivas permite eliminar todos los contenidos tras un período inferior a un año de inactividad de la cuenta, dependiendo de lo que el usuario haya elegido. La otra opción es escoger a un contacto de confianza para que este reciba todos los datos de las cuentas.

Facebook también se ha visto obligada, ante las numerosas peticiones, a ofrecer un servicio parecido. El usuario puede seleccionar si desea que su cuenta siga activa o se elimine totalmente. En caso de que elija mantenerla, puede designar un heredero. La forma de hacerlo es a través del apartado “Contacto de legado” dentro de la configuración de seguridad. En caso de que el fallecido no haya dejado constancia de sus deseos tras la muerte, corresponde a una persona cercana dar una prueba de la defunción y elegir entre eliminar la cuenta o convertirla en una cuenta conmemorativa, donde los amigos y familiares pueden seguir viendo el perfil y publicando mensajes de recuerdo. En Instagram, el proceso es prácticamente el mismo.

Microsoft cuenta con un servicio denominado “Proceso de familiares cercanos de Outlook.com” que da la opción de cerrar la cuenta de la persona fallecida o bien la de acceder a su cuenta.

Twitter no ofrece tantas posibilidades. Nadie puede asumir la cuenta de la persona que ha muerto, pero sí descargar una copia de los tuits públicos antes de cerrarla definitivamente.

Otros servicios como LinkedIn, Yahoo y Flickr permiten cerrar la cuenta de los fallecidos previo envío de un certificado de defunción y otros datos importantes sobre el usuario.

El caso de Apple y de otros servicios de contenidos digitales es más controvertido. La compañía de la manzana y otras similares consideran que el usuario adquiere un derecho de uso sobre los contenidos digitales por los que paga, pero no la titularidad sobre los mismos. De este modo, nadie los puede  heredar.

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Delitos comunes en Facebook

facebook-crimes-300x161 Fuente: lawandtrends.com A finales del 2015, Facebook contaba con 1,55 millar de millón de usuarios activos. Hoy en día puedes seguir cualquier actualización con todo tipo de dispositivos. Ya sea para ver estados, fotos, o vídeos de amigos familiares o marcas de tu interés. Aún así, toda herramienta, por muy útil que sea, puede ser utilizada con fines delictivos debido a tres conceptos fundamentales:

  1. Anonimato i facilidad para crear perfiles de usuarios falsos
  2. Gran dificultad para conocer la localización del delincuente
  3. No existe un código penal homogéneo a nivel global.

Es sabido que a medida que aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas lagunas legales y novedosas formas de delinquir a través de ellas. Vamos a ver un resumen de las más frecuentes:

Delitos contra el Honor

Obviamente tanto la calumnia como la injuria ocupan un papel destacado. Calumniar consiste en atribuir a un tercero un delito con desprecio a la verdad, e injuriar pasa por proferir expresiones que lesionen la dignidad de otra persona, su fama o propia estima. Otorgar a un contacto o a un tercero títulos como “ladrón”, “estafador”, “violador”, o “asesino”, comporta acusaciones de tal gravedad que pueden dar lugar a penas de prisión de seis meses a dos años. En el mismo sentido expresiones como “hijo de puta”, “cabrón”, son comúnmente tenidas por injuriosas, con penas de hasta catorce meses de cárcel si se hacen con publicidad, como sería el caso a través de Facebook, pudiendo tener una gran repercusión en la esfera familiar o laboral del injuriado. A pesar de la imposición de penas y multas, cabe concluir que calumniar e injuriar en España es relativamente “barato” teniendo en cuenta que es prácticamente imposible cuantificar la difusión del mensaje difamatorio y el sentimiento de rechazo que genera en otros ciudadanos respecto del perjudicado.

Amenazas

Las amenazas, suponen amenazar a un tercero con causarle un mal. Las penas dependen del tipo de amenaza y a quién va dirigida. Los mensajes enviados a través de Facebook con contenido similar a “te voy a matar”, o “va a parecer un accidente”, pueden acarrear graves consecuencias para su autor. Sin embargo, para la víctima no es suficiente con denunciar lo ocurrido, sino que habrá de demostrar que efectivamente la persona de quien sospecha es la titular del perfil a través del cual ha recibido la amenaza o de lo contrario quedará absuelto.

Suplantación de identidad y descubrimiento y revelación de secretos

Unos de los delitos más populares y cuyos riesgos son prácticamente desconocidos por sus autores. Suplantar la identidad de otra persona en Facebook es castigado con penas de prisión que van desde los seis meses a los tres años. Para cometerlo no basta con utilizar el nombre de otra persona, sino que es preciso que se haga con la finalidad de usar derechos y acciones de la suplantada. Podemos destacar que nuestros Jueces son aún desconocedores, en muchos casos, del funcionamiento de Facebook y de otras redes sociales por lo que la asistencia de un Abogado experto en esta materia resulta decisiva a la hora de culminar el procedimiento penal exitosamente. La comisión del delito se entiende como una actividad tendente a entrar en el perfil de una persona utilizando sus claves de acceso contra su voluntad, apoderándose del material que la misma haya publicado o compartido con otros usuarios. La tolerancia o permisividad en el uso de las contraseñas por parte terceros desvirtúa completamente que se cometa tal delito.

Estafas

La estafa, es decir, el apoderarse del dinero o patrimonio de una persona a través del engaño, la mentira, y la adulteración de la realidad, no ha dejado de propagarse a través de Internet desde su nacimiento y, por ende, está también presente en Facebook. Generalmente se desarrolla mediante el uso de perfiles falsos que atraen la atención del usuario a quien, o bien reclaman ayuda económica para evitar una situación de necesidad que no deja de ser artificial, o bien le informan de haber ganado un presunto premio o concurso en el que nunca ha participado. Este delito representa un gran desafío puesto que puede haberse cometido por personas que viven en países lejanos cuya legislación en obsoleta y dificulta cualquier investigación.

 

 

 

Justicia ha ofrecido a las CCAA el sistema “Lexnet”

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A partir del 1 de enero, las comunicaciones entre los profesionales (abogados, procuradores y graduados sociales) y los juzgados, en los casos nuevos, deberán ser electrónicas, según establece la ley de Enjuiciamiento Civil. El ministerio de Justicia ha puesto en marcha medidas para hacer posible ese cambio. Para facilitar la transición al nuevo modelo “sin papel”, ha puesto a disposición de las comunidades autónomas que así lo deseen sus propias herramientas tecnológicas. El ministerio ha ofrecido de manera gratuita a todas las CCAA con competencias en Justicia y que no tengan su propio sistema de comunicación, la herramienta “Lexnet” que funciona desde hace años. Además, ha adaptado las aplicaciones que usa la Fiscalía, que también han sido ofrecidas a las CCAA, y se han suministrado 6.400 pantallas y 250 escáners para que todos los funcionarios de Justicia en el territorio ministerio trabajen con doble pantalla a partir del 1 de enero.

Comunicaciones electrónicas

La Ley de Enjuiciamiento Civil recoge la obligatoriedad de que las comunicaciones entre los profesionales del sector (abogados, procuradores o graduados sociales) y los juzgados sean electrónicas para los casos que se inicien a partir del próximo 1 de enero. No significa, por tanto, la desaparición del papel en juzgados y tribunales, sino que los documentos aportados para cualquier proceso deberán ser tratados digitalmente para poder agilizar las comunicaciones entre profesionales. La medida no afecta al expediente judicial electrónico. Según fuentes cercanas al ministerio, la fecha del 1 de enero de 2016 no significará el fin del proceso de modernización en cuanto a las comunicaciones. Supone, en todo caso, un primer punto de partida hacia la digitalización de la Justicia.

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado un el Real Decreto sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LEXNET que, a partir del 1 de enero de 2016, se deberá utilizar para la presentación de escritos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación, tanto por los Juzgados, Tribunales y Fiscalías como por los profesionales que colaboran con la Justicia.

 

El Real Decreto se aplicará en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Illes Balears, Extremadura, Ceuta y Melilla) y en todos los órdenes jurisdiccionales. Las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia habrán de adoptar las medidas necesarias para asegurar desde el próximo 1 de enero la aplicación de las previsiones introducidas en las recientes reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta materia.

 

Fuente:

http://www.lamoncloa.gob.es/

http://www.elconfidencialdigital.com/

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